Brecha fiscal española
10 de junio de 2025
El tema de la semana:
Por Borja Fernández de Vega
Los meses de junio y julio en España siempre vienen de la mano de dos temas que se repiten en multitud de conversaciones del día a día: las altas temperaturas y la presentación de impuestos. En esta ocasión vamos a centrarnos en la segunda.
Antes del 30 de junio se debe presentar el IRPF y para las personas jurídicas el plazo del impuesto de sociedades se amplía hasta el 25 de julio. Pero como todos sabemos, estos no son los únicos impuestos que existen. Se unen los impuestos sobre el valor añadido (IVA), patrimonio, actividades económicas, sucesiones y donaciones, bienes inmuebles, transacciones financieras… y muchos otros. Recordemos que la presión fiscal (ingresos fiscales/PIB) en España está en torno al 38%, ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea (aproximadamente en 41%). Pero España es de los países con mayor incremento de la presión fiscal en los últimos años.
Antes de seguir comentando datos, ¿por qué y cuándo surgieron los impuestos? A medida que las comunidades crecieron y se volvieron más complejas, surgieron nuevas necesidades colectivas que requerían recursos comunes. Las principales necesidades eran financiar el gobierno, mantener ejércitos para proporcionar seguridad, construcción de infraestructuras públicas, mantener templos y ayudar en tiempos de hambruna. El primer sistema fiscal del que se tiene referencia es en el Antiguo Egipto en el 3000 a.C. y los impuestos se pagaban en forma de bienes como ganado, cosechas o trabajo (“impuestos en especie”). Desde entonces, se evolucionó y los pagos pasaron a ser en dinero a partir de la Edad Media.
Desde que surgieron los impuestos, algunos ciudadanos intentaban ocultar parte de sus cosechas o ingresos para no pagar tributos. Por tanto, la economía sumergida no se trata de un fenómeno moderno, sino una respuesta histórica a la presión fiscal. Según los últimos estudios publicados, la economía sumergida en España representa aproximadamente el 24% del PIB, lo que nos sitúa como el tercer país de la Unión Europea con mayor proporción de actividad económica no declarada, solo por detrás de Grecia (36%) e Italia (31%). Concretamente es el sector de la construcción y seguido por la hostelería y turismo quienes generan casi el 50% de esta economía sumergida en España. La alta presencia de empleos no declarados es la principal contribuidora al incremento del dinero negro.
Este elevado nivel de economía sumergida viene explicado por la combinación de diferentes motivos: la falta de oportunidades laborales, escasez de concienciación fiscal, reducida confianza en la gestión de los impuestos, complejidad del sistema tributario, percepción de una baja calidad en los servicios públicos, insuficientes inspecciones en ciertas actividades, etc. Algunas de estas causas vienen relacionadas con los gobernantes y la regulación, pero es el ciudadano el que finalmente decide cómo actuar: dentro del sistema oficial o al margen de la legalidad actual. Esta situación castiga al honrado y beneficia al pícaro. En ciertos momentos, el empresario cumplidor con sus obligaciones tributarias no puede competir con aquellos que actúan al margen de la ley.
La tensión entre presión fiscal y economía sumergida en España no solo refleja un problema estructural del sistema tributario, sino también una desconexión entre el ciudadano y el Estado. Aunque los impuestos son esenciales para sostener el bienestar colectivo, hoy muchos perciben que el esfuerzo fiscal no se traduce en beneficios tangibles. Esta percepción alimenta la economía sumergida, que actúa como válvula de escape ante un sistema que se percibe como injusto o ineficiente.
La solución requiere tanto reformas estructurales como un cambio de conciencia ciudadana. Una idea clave para avanzar es replantear la relación entre contribuyente y administración pública, no solo desde la fiscalización, sino desde la confianza. Fomentar una cultura de corresponsabilidad, donde el ciudadano honrado y que se esfuerza lo vea reflejado en prestaciones y servicios públicos de calidad. La transparencia, la educación fiscal desde edades tempranas y la simplificación del sistema tributario son pilares fundamentales para reducir la economía sumergida y fortalecer la responsabilidad ciudadana.